FERNANDO CALLE: SOLUCIÓN A LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

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Los últimos tiempos, hemos llegado a ver que el tema de la Inmunidad parlamentaria ha motivado que inclusive el Sr. Presidente de la República se haya presentado en el Congreso de la República acompañado del Sr.Presidente del Consejo de Mnistros y el Sr. Ministro de Justicia.

Jue, 9 Julio 2020

No como todos pensamos ?con sentimiento democrático- a debatir sus planteamientos al respecto, sino sorprendiendo insólitamente,  a criticar por decir lo menos, al congreso por la rémora en aprobar su pedido tal como lo había enviado, siendo más incomodo aún ?para éllos- el hecho que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso haya archivado su proyecto de reforma del Art. 93° de la Carta Política del Perú.

El artìculo 93° de la Constituciòn Polìtica del Estado señala textualmente que: los Congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones y agrega en el último párrafo con mayor claridad que no pueden ser procesados ni presos sin previa autorizaciòn del Congreso o Comisiòn Permanente, desde que son elegidos hasta un mes despuès de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposiciòn del Congreso o Comisiòn Permanente dentro de las  veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privaciòn de la libertad y enjuiciamiento. Lo cierto es que esta protección a la función parlamentaria con otra interpretación y actuación en cuanto a la flagrancia, ha ido perdiendo su majestad por los propios Srs. Parlamentarios ?no todos- quienes quieren que esta inmunidad se convierta en ?Impunidad? y esto no puede ser admitido por la concepción del Estado de Derecho; por cuanto que, la representación soberana del pueblo, no puede ni debe convertir el Foro Legislativo en un centro de protección a quienes están en el campo del crimen sea cual fuere su modalidad.

Hans Kelsen señalaba que cuando la gente no entiende bien un articulo constitucional, lo mejor es que se trate de ser lo mas claro posible; ademas,  para evitar estas cosas que dicese no entender, puedan ser utilizadas con interes personal o de grupo o por distintas razones que no son estrictamente las correctas ni las Constitucionales, pero este artìculo es claro. El tercer párrafo del artìculo 93° señala reitero, que desde que son elegidos los Señores Congresistas hasta un mes despuès de haber cesado en sus funciones tienen el manto de protecciòn de la inmunidad, lo que tiene que quedar en claro y no requiere mayor explicaciòn es que justamente los delitos comunes y de funciòn en otro tipo de representaciòn o de actividad publica que se hayan cometido antes de la elecciòn del representante Congresista no pueden ser considerados dentro del manto de la inmunidad es decir que si bien ya esta en el ejercicio de la funciòn el tramite del levantamiento del fuero de la inmunidad debe ser inmediato por parte de la mesa directiva (esto como sugerencia)

 

Debemos entende, que la inmunidad cuyos antecedentes historicos se remontan a los inicios de la vida parlamentaria, trata de evitar que un congresista pueda ser detenido, interrumpido por alguna artimaña  judicial, a fin que no pueda expresar sus defensas o mociones parlamentarias o expresar con su voto alguna mociòn, por eso es que nace esta inmunidad, a fin de que el congresista no pueda ser detenido ni con mandato judicial si  previamente no lo realiza el congreso, la Comisiòn Permanente  y en su defecto después cuando ya se traslada al pleno del parlamento.

 

Lo que se trata, es de suspender temporalmente esta inmunidad  para que se responda a la jurisdicciòn correspondiente por las posibles conductas ilícitas del congresista; estamos expresando entonces, que se pretende una autorizaciòn del congreso, que sin entrar en el fondo, sin analizar el tema delictivo si hay culpabilidad o inocencia, lo que se esta protegiendo es la funciòn del Parlamentario, la majestad del parlamento; podriamos señalar, que se incorpora como una garantia de tipo prosesal en el aspecto jurisdiccional, prácticamente es un requisito de procedibilidad.

Cuando existe un proceso formal iniciado o por iniciarse se requiere la autorizaciòn del Organo legislativo para que este proceso o su continuaciòn pueda llevarse acabo y este analisis parlamentario es en razòn de que el Congreso no tiene competencia jurisdiccional, pero sin embargo esta garantia procesal, determina que no puede abrirse una instruciòn penal a un parlamentario en ejercicio si antes el mismo congreso  no le ha levantado el fuero parlamentario, situaciòn distinta  al antejuicio en cuanto a que tiene derecho hasta cinco años despuès de haber terminado su mandato.

En verdad se trata de la majestad del Congreso, en esto insisto porque la protecciòn es al cuerpo  legislativo no en cuanto a algunos miembros en particular sino al parlamento como instituciòn, porque si nos damos cuenta, estamos hablando de que no hay igualdad de condiciones con otros ciudadanos y se genera una especie de privilegio dentro de la igualdad  y derechos de responsabilidad con los demàs ciudadanos, por eso es que tampoco  puede permitirse el propio congreso que se abuse de este derecho prerrogativo.

Debe entenderse tambien, que la inmunidad no es impunidad y que desde su origen lo que se trata es evitar  que se utilicen instrumentos  jurisdiccionales con utilizaciòn politica, para evitar perturbar y/o en su caso paralizar la labor de un legislador y esto porque debe tenerse presente que la inmunidad parlamentaria -de la cual tambien gozan los  miembros de Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo-  no niega el derecho jurisdiccional a un proceso penal y a la tutela judicial efectiva. Por otro lado; también debe tenerse en claro, que el levantamiento de la inmunidad no es un desafuero; es decir, que el congresista al que se le levanta la inmunidad parlamentaria, puede y debe continuar en sus funciones legislativas, en tanto no tenga una condena firme o en su defecto una detenciòn definitiva, ahora bien, debemos diferenciar los delitos de funciòn  durante el servicio parlamentario con los delitos comunes, podemos llegar entonces  a la conclusiòn que es necesaria la inmunidad parlamentaria, en tanto se mantenga la protecciòn y la investidura  del Congreso para interrupciones o utilizaciones jurisdicccionales con fines estrictamente politicos.

Cuando la Comisiòn Permanente o el proprio Congreso en si, analiza la solicitud de un levantamiento de inmunidad por parte del Poder Judicial por ilícitos comunes solo se debe limitar a ver y determinar si en esta solicitud o en el proceso llevado adelante para estos efectos existe alguna voluntad de daño politico, algun interes polìtico, alguna limitaciòn de los derechos politicos y de su sevicio a la Naciòn por parte del Parlamentario, no va ha determinar culpabilidad o inocencia del congresista de quien se está solicitando el levantamiento de la inmunidad, por eso es que en esto debemos precisar algunas cosas como  recomendaciones importantes ante la confusiòn que existe en muchos casos y que lleva a pensar que debe desaparecer definitivamente la inmunidad cuando es conveniente de que esta se lea con claridad en cuanto a su procedimiento a su proceder a las mejoras que pudieran realizarse y que considero podrian ser a nivel Parlamentario   

"Queda claro entonces, que los delitos comunes cometidos antes de la elecciòn del legislador  no gozan de la inmunidad parlamentaria, lo cual debe de llevar a un procedimiento inmediato administrativo del congreso para efectos de poner a disposiciòn de las autoridades jurisdiccionales" al congresista- que solicitan la autorizaciòn al Congreso para dichos efectos

Si se trata de un legislador en ejercicio que cometa un ilícito penal, debe considerarse que el manto de la inmunidad parlamentaria no es un manto de impunidad,  y en esto, los procedimientos deben aligerarse para que la solicitud  que viene del Poder Judicial no encontrándose atisbos politicos, deberia sin mayor tràmite ni votaciòn procederse a entregar al Congresista a disposiciòn del proceso que se esta siguiendo o iniciando en su defecto, incliuida la inmunidad de arresto para efectos de que si hay orden de detenciòn correspondiente por ilícitos  penales, debe facilitarse la tramitaciòn en la brevedad para que el legislador que lamentablemente haya cometido un delito, deba ser procesado en las mismas condiciones que cualquier ciudadano

Debemos tener en cuenta entonces, que cuando un Parlamentario en ejercicio de su funciòn comete un ilícito penal y como consecuencia de ello y del procedimiento jurisdiccional se solicita  el levantamiento de su inmunidad por parte del Poder Judicial conforme al reglamento y la ley, debe evitarse cualquier dilataciòn y tampoco dejar a criterio del voto de una mayoria que pudiera complacientemente querer respaldar algun miembro del congreso y por lo tanto; se debe, en la mejor forma administrativa levantar la inmunidad y poner a dispociciòn al conngresista que haya delinquido en estos tèrminos, para imagen propia del Congreso y porque la labor legislativa no es tampoco una complicidad hacia el delito de quienes con el ejercicio del poder parlamentario pudieran haber cometido.

Algo importante que debe agregarse a esto ante las rémoras, ante la presunciòn  de que pudiera haber un entorpecimiento politico a la persecuciòn del crimen, es que se amplien los conceptos del artìculo 84 del Còdigo Penal en el sentido de que el periodo o plazo de prescripciòn en el caso de los legisladores o personas que gozan de inmunidad deben quedar suspendidos si es que no ha sido levantada la inmunidad durante el periodo del ejercicio Parlamentario o funciòn que goza de esta prerrogativa de la inmunidad es decir, que si el Legislativo no atendiese el pedido del Poder Judicial del levantamiento de la inmunidad pero se tratase de un ilícito penal desde el inicio de este ilicito; es decir, de la denuncia correspondiente a alguien que goza de   en que finaliza  su mandato y ya no goza de la protecciòn de la inmunidad esto como tema sugerido.

Con relación al procedimiento que corresponde para estos efectos de acuerdo al Art. 16° del Reglamento del Congreso de la República, están bien dentro de sus términos, siendo imnecesario modificaciones específicos al respecto y en vista que no sería coherente hablar de una norma para que se cumpla otra y teniendo en consideración que la rémora conocida se debe por lo general a falta de quórum u  otras inasistencias indispensables, sería conveniente que el congreso vea la mejor forma sanciones económicas u otras- de mejorar su Reglamento al respecto. Tenemos ahora que tanto el Sr. Presidente como los Srs. Congresistas sostienen a viva voz y por todos los medios que luchan contra la corrupción y que en este caso no desean que sea el Poder Judicial ?Corte Suprema- ni el TC quienes vean el tema del levantamiento de la inmunidad, sugiero que atendiendo sus aspiraciones, el Proyectode Ley podría quedar en la siguiengte redacción:


PROYECTO DE LEY

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR TANTO

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ha Dado La Ley Siguiente:

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION

Articulo 1.- Objeto de la Ley. en la siguiengte redacción: La presente Ley tiene por objeto reformar parcialmente la Constitución Política a fin de garantizar el fuero parlamentario.

Articulo 2.- Modificación del artículo 93 de la Constitución política del Perú. Modificase el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, en los términos siguientes:

Articulo 93.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos al mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que se emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por los delitos de: flagrancia, narcotráfico, lavado de activos, corrupción, terrorismo, minería ilegal, traición a la patria, violación; en cuyo caso, el congresista, será puesto inmediatamente a disposición del Fiscal de la Nación.

Corresponde al Pleno del Congreso, con el voto de dos tercios del numero legal de sus miembros, suspender o no al congresista mientras dure el proceso iniciado en su contra cuandose trate de delitos dolosos con pena mayor a cuatro años.

Por: Fernando Calle Hayen   

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